Desde agosto de 2024, las administraciones públicas europeas han dejado de considerar la inteligencia artificial como una simple herramienta técnica. La entrada en vigor del Reglamento europeo de inteligencia artificial, conocido como AI Act, ha elevado notablemente el nivel de exigencia en el uso de sistemas capaces de influir en decisiones públicas. Aunque la aplicación de la norma será progresiva, a partir del 2 de agosto de 2026 comenzarán a regir las obligaciones más estrictas. Este plazo no debe interpretarse como una invitación a la espera, sino como una oportunidad limitada para revisar los usos actuales, definir responsabilidades y fortalecer los mecanismos de control interno antes de que el cumplimiento sea obligatorio. El AI Act no es una regulación tecnológica más. Obliga a superar el enfoque meramente funcional de la inteligencia artificial y a reconocer su impacto jurídico. Establece controles previos, exige supervisión humana y refuerza la rendición de cuentas, afectando directamente al diseño, contratación y uso de estas soluciones en el sector público. Ya no basta con cumplir la ley de forma formal ni con reaccionar ante los problemas; ahora es imprescindible demostrar que el uso de la inteligencia artificial ha sido evaluado y controlado adecuadamente. España ha avanzado con rapidez en la creación de estructuras de gobernanza y en el diseño institucional para aplicar el Reglamento. El verdadero reto reside en la capacidad de cada administración para integrar la inteligencia artificial en su funcionamiento diario. Aquí surgen las principales dudas: identificar las herramientas utilizadas, establecer políticas internas claras, formar al personal y garantizar una supervisión humana efectiva ya no son recomendaciones, sino requisitos mínimos. Sin embargo, en muchos organismos públicos, estos aspectos aún están poco desarrollados. Esta brecha entre la regulación y la aplicación práctica de la inteligencia artificial es visible en toda la Unión Europea. El cumplimiento efectivo del AI Act dependerá tanto de las nuevas normas como de la capacidad real de las administraciones para transformar rutinas, procesos y cultura organizativa. En este contexto, Cantabria se presenta como un caso interesante. Aunque no ocupa un papel destacado en la gobernanza estatal del AI Act, su estructura administrativa, de tamaño manejable y con menor fragmentación, facilita la implantación de políticas de control y uso responsable de la IA. Esta ventaja es especialmente relevante en sectores de alto impacto, como la sanidad pública, donde la digitalización y el uso de inteligencia artificial ya son una realidad en la gestión y la toma de decisiones. En este ámbito, la supervisión humana y la trazabilidad dejan de ser conceptos teóricos para convertirse en retos operativos inmediatos. Por ello, Cantabria puede servir como un espacio de prueba eficaz, no por liderazgo normativo, sino por su capacidad operativa. En un territorio de menor escala es más factible identificar usos, establecer criterios comunes y reforzar el control jurídico que en administraciones más grandes y complejas. El desafío no es si la inteligencia artificial se incorporará a la Administración, pues esto ya está ocurriendo, sino si las administraciones serán capaces de regular su uso a tiempo, con criterios jurídicos claros y controles efectivos. Cantabria ya cuenta con iniciativas en marcha que ofrecen una base sólida. La cuestión es si sabrá aprovechar este margen antes de que el cumplimiento pase de ser una recomendación a una obligación ineludible. Fuente: eldiariomontanes.es