La irrupción de la inteligencia artificial generativa, con herramientas como ChatGPT, Gemini o Claude, está transformando el panorama de las reclamaciones tras brechas de seguridad en grandes empresas. Un ejemplo reciente es el caso de Endesa, que en enero admitió una fuga de datos que afectó a 20 millones de clientes, incluyendo información tan sensible como el DNI o el IBAN bancario. A la crisis reputacional habitual, se suma ahora el desafío de gestionar un volumen sin precedentes de reclamaciones generadas con IA. Según expertos legales, las compañías se enfrentan a una avalancha de reclamaciones automatizadas. Los usuarios, tras recibir la notificación de la brecha, recurren a herramientas de IA para redactar reclamaciones precisas en cuestión de segundos. Esta facilidad se apoya en la normativa vigente: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea obliga a informar a los afectados cuando una brecha suponga un alto riesgo para sus derechos y libertades, como explica Joaquín Muñoz, socio de Bird & Bird. En España, la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley General de Telecomunicaciones refuerzan estas obligaciones, estableciendo sanciones y guías específicas, mientras que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) supervisa su cumplimiento. El criterio clave para notificar una brecha es el riesgo para los derechos de los afectados, no solo para la empresa. Así, la IA generativa multiplica las reclamaciones, empoderando a los ciudadanos pero también generando expectativas que a veces exceden lo que la ley contempla. Las empresas deben ahora no solo gestionar la brecha y cumplir con los plazos de notificación, sino también responder a un aluvión de solicitudes de ejercicio de derechos —acceso, rectificación, supresión, oposición o portabilidad— que el RGPD obliga a atender en tiempo y forma. Muchas de estas solicitudes no buscan indemnización directa, pero pueden escalarse por dos vías: la administrativa, mediante denuncia ante la AEPD, que puede imponer multas de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual; y la civil, donde el artículo 82 del RGPD reconoce el derecho a indemnización por daños materiales o inmateriales, como la pérdida de control de datos o suplantaciones de identidad. Aunque en España las cuantías suelen ser moderadas, la tendencia apunta al alza, impulsada por el uso masivo de IA en la preparación de reclamaciones. Este escenario genera frustración en las empresas, que perciben que las sanciones se basan cada vez más en los resultados —la existencia de la brecha— que en los medios empleados para prevenirla, incluso si se adoptaron medidas razonables. El impacto de la IA también se extiende a los despachos especializados en reclamaciones masivas. Firmas dedicadas a litigios bancarios, aéreos o de consumo observan cómo la automatización permite a los usuarios generar reclamaciones iniciales de calidad sin intermediarios, erosionando el valor de los servicios más estandarizados. Casos como el de Reclamador o la crisis de Arriaga Asociados reflejan este cambio: el usuario ya no depende de un tercero para iniciar una reclamación básica, lo que anticipa una transformación estructural en un sector que durante años se basó en la estandarización y el volumen. Fuente: elconfidencial.com