En España, el 80% de la población dispone de acceso digital a los servicios públicos, pero solo el 45% se declara satisfecho y un 9% afirma estar “nada satisfecho”. La lentitud en los trámites es otro problema: el 63% de los usuarios denuncia demoras excesivas en la resolución de gestiones administrativas. A esto se suma la complejidad del lenguaje institucional. El 78% de los españoles considera que los textos administrativos resultan incomprensibles, lo que dificulta la relación con la administración y genera una barrera de acceso real. En este contexto, la aparición de Eunomia.ai, una iniciativa respaldada por la Unión Europea, representa un avance relevante para el sector público. Administraciones como la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Granada ya participan en este proyecto, que busca dotar a las instituciones de una infraestructura de inteligencia artificial generativa (IAG) segura, ética y alineada con los valores europeos. El objetivo va más allá de la simple automatización de trámites o la implantación de chatbots: se trata de rediseñar la arquitectura digital del Estado bajo principios de interoperabilidad, gobernanza de datos y supervisión humana. El reto actual no es el acceso, sino la experiencia. La IAG puede conectar canales, integrar información y ofrecer comunicaciones claras, abordando así la falta de confianza ciudadana. Eunomia.ai surge en el marco regulatorio europeo, especialmente tras la aprobación del AI Act, para asegurar que los modelos generativos empleados en el sector público cumplan con altos estándares de transparencia, auditabilidad y protección de datos. El proyecto, con una duración prevista de 36 meses, involucra a 35 organizaciones de 14 países europeos. Este periodo permitirá desarrollar soluciones, probar casos de uso en distintas administraciones y crear protocolos reutilizables para otras entidades públicas. La introducción de IAG en la administración pública supone un cambio estructural. Permite automatizar tareas rutinarias —como la clasificación documental o la redacción de notificaciones—, liberando recursos humanos para funciones que requieren juicio y empatía. Además, facilita la resolución en el primer contacto, reduce los tiempos de tramitación y posibilita la proactividad administrativa: el sistema puede identificar derechos y activar procedimientos tras eventos vitales, sin esperar la solicitud del ciudadano. Este enfoque da lugar al concepto de “Estado invisible”, inspirado en modelos como el de Estonia, donde la administración no solicita datos que ya posee y la interoperabilidad sustituye a los formularios repetitivos. El consentimiento informado reemplaza al papeleo redundante, y la IA orquesta procesos, valida datos y anticipa incidencias, logrando una gestión más ágil y transparente. Ejemplos internacionales refuerzan este paradigma. En el Reino Unido, un sistema desarrollado por IBM permite a los usuarios gestionar citas, recetas y monitorización médica de forma autónoma, mejorando la experiencia y reduciendo costes. En Estonia, la plataforma X-Road conecta más de 900 entidades públicas y privadas, automatizando servicios tras eventos como nacimientos y garantizando la trazabilidad de los datos. En Nueva Zelanda, el portal MyMSD ofrece seguimiento en tiempo real de solicitudes y alertas proactivas, reduciendo la ansiedad ciudadana. En España, la transformación digital de Correos ilustra el valor de la omnicanalidad: más de 14 millones de interacciones anuales se gestionan en una plataforma única en la nube, permitiendo continuidad entre web, teléfono y oficinas físicas, y evitando que el ciudadano repita información. La ciudadanía demanda comprensión, claridad y apoyo, tanto en momentos clave como en gestiones cotidianas. Los gobiernos europeos tienen la oportunidad de reconstruir la confianza pública, simplificar los procesos y ofrecer experiencias centradas en las personas. La proactividad debe ser la norma: subsidios automáticos, recordatorios personalizados, notificaciones en lenguaje claro y servicios diseñados en torno a eventos vitales, no a compartimentos administrativos. Esto requiere un “Gobierno como Plataforma”, con APIs comunes, identidad digital compartida y arquitectura federada de datos. Eunomia.ai representa este cambio: una IA europea, ética y transparente, que potencia la capacidad pública sin sacrificar derechos. Si España adopta estos principios en 2026 —sostenibilidad, proactividad basada en datos y centralidad humana— no solo modernizará su administración, sino que redefinirá el contrato social en la era digital. Fuente: cincodias.elpais.com