El gasto de las grandes tecnológicas en actividades de lobby ante el Parlamento Europeo ha alcanzado cifras récord, según un informe reciente de Corporate Europe Observatory y LobbyControl basado en el Registro de Transparencia de la UE. En solo dos años, la inversión del sector digital en lobby ha pasado de 113 millones de euros en 2023 a 151 millones en la actualidad, lo que representa un aumento del 33,6% y un 56% más respecto a 2021. Las compañías que más invierten en estas actividades son Meta, Microsoft, Apple y Amazon, que suman más de 31 millones de euros. El objetivo principal de este lobby, según los autores del estudio, es suavizar la regulación digital europea. Desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos en 2016, la UE ha implementado normativas como la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), que buscan proteger a los consumidores y regular el poder de las grandes plataformas. Estas leyes afectan directamente los modelos de negocio de las Big Tech, especialmente en lo relativo a ingresos, control de datos y ventajas competitivas. Un estudio de Reuters señala que el 10% de los ingresos de Meta proviene de anuncios fraudulentos y productos prohibidos, con 15.000 millones de anuncios engañosos diarios. La DSA obliga a las plataformas a eliminar estos contenidos, por lo que la presión para relajar estas normativas es intensa. Las grandes tecnológicas mantienen casi dos reuniones diarias con eurodiputados, según el Registro de Transparencia. Esta influencia ya ha dado resultados: la UE ha concedido 16 meses adicionales para que las empresas adapten su IA de alto riesgo a la normativa. Solo diez empresas, entre ellas Telefónica, concentran un tercio del gasto total en lobby tecnológico en Europa. Meta lidera el ranking con 10 millones de euros anuales. El fenómeno conocido como “ómnibus digital” ha pospuesto la aplicación de requisitos de transparencia y sanciones, lo que podría debilitar la ambición ética del Reglamento europeo sobre IA previsto para agosto de 2024. Esta tendencia coincide con una relajación de las exigencias medioambientales en la UE, bajo el argumento de reducir la carga regulatoria y evitar duplicidades. El lobby está regulado en la UE y se considera legítimo para proteger el interés general. Sin embargo, el problema surge cuando las empresas logran cambios normativos que benefician intereses particulares. El número de lobistas en el sector digital ha crecido de 699 en 2023 a 890 en la actualidad, superando incluso el número de eurodiputados. Bram Vranken, coautor del estudio, advierte que la presión de la industria tecnológica está influyendo en todos los niveles de decisión de la UE, lo que ha llevado a propuestas para debilitar la legislación digital y permitir un uso más amplio de datos personales en sistemas de IA y decisiones automatizadas. Esto supone, según Vranken, el mayor retroceso en derechos digitales en Europa, impulsado por el lobby tecnológico y apoyado por figuras como Donald Trump. El sector percibe que en Bruselas se juegan miles de millones en multas, cuotas de mercado y acceso a datos. Pablo Arce, profesor de Política Económica en la UCM, señala que la capacidad de las tecnológicas para influir diariamente en la redacción e interpretación de las leyes es inigualable, y que buscan menos obligaciones y mayor flexibilidad normativa. La influencia se ejerce a través de tecnicismos en los textos legales y mediante la financiación de think tanks, estudios económicos y consultoras de lobby, con un gasto superior a 9 millones de euros en este último rubro. Además, la narrativa pública impulsada por estas empresas sostiene que la regulación frena la innovación, condicionando así el debate político. Entre los eurodiputados que más reuniones han mantenido con lobistas de Big Tech destacan miembros del Partido Popular Europeo, como Jörgen Warborn, Aura Salla y Pablo Arias Echeverría. Salla, exlobista de Meta, ha sido criticada por reproducir los argumentos de la industria. Amazon, por su parte, perdió sus acreditaciones de lobby en febrero de 2024 tras negarse a comparecer ante el Parlamento por las condiciones laborales en sus almacenes. La regulación de la inteligencia artificial es actualmente uno de los temas más presionados, con la IA presente en el 40% de las reuniones entre el sector digital y los políticos europeos. Las grandes tecnológicas buscan la menor regulación posible para maximizar sus beneficios, ya que la IA afecta a sectores clave como defensa, energía, educación y control de infraestructuras. No obstante, el Parlamento Europeo puede frenar las propuestas más favorables a las tecnológicas, aunque para ello se requiere una mayoría de centroderecha y ultraderecha, ya que otros grupos se oponen al “ómnibus digital”. Vranken subraya la importancia de aplicar la normativa existente y de movilizar a la sociedad para contrarrestar la influencia del lobby. Fuente: elpais.com