Con frecuencia, la narrativa política —especialmente el populismo— se adelanta a los resultados tangibles de las políticas económicas. Tanto partidos de izquierda como de derecha suelen presentar sus propuestas apelando a la ideología, y no a los efectos reales, recurriendo incluso a la polarización y el castigo. A corto plazo, esto genera titulares favorables para quienes las promueven; a medio y largo plazo, implica retrocesos significativos para el país. Los aranceles de Donald Trump son un ejemplo claro, pero en Europa —y en Cataluña— existen casos similares. En el ámbito europeo, la regulación de la inteligencia artificial ilustra bien este fenómeno. Por un lado, se ha desacreditado sistemáticamente a las grandes tecnológicas estadounidenses y a sus líderes, imponiendo sanciones multimillonarias que superan con creces los impuestos recaudados de la industria digital europea. Peter Thiel y Elon Musk han sido objetivos recientes de esta ofensiva, pese a que Thiel nació en Frankfurt y Musk es de origen sudafricano. Sus posturas ideológicas han alimentado una persecución que trasciende el debate económico. Curiosamente, no se ha actuado con igual rigor contra empresas chinas como TikTok, a pesar de sus reiteradas infracciones. El segundo eje ha sido la creación de una legislación supuestamente protectora para los ciudadanos europeos frente a los abusos de las multinacionales americanas, pero que no se aplica con la misma severidad a las empresas chinas. El resultado es una burocracia tan compleja que ya se plantea su revisión por ser insostenible. Este enfoque, centrado en la penalización y la regulación excesiva, ha desviado la atención del verdadero problema: la ausencia de empresas europeas de IA capaces de competir globalmente. Así, Europa repite el escenario vivido con las redes sociales y la nube en los años 2000, quedando rezagada frente a Estados Unidos, cuyo PIB hoy supera en un 50% al europeo, cuando hace dos décadas estaban igualados. Antes fue el RGPD y los “malos” eran Zuckerberg, Microsoft o Google; hoy es el AI Act y los señalados son Thiel, Musk y Altman. El saldo: titulares para los políticos y una situación peor para los ciudadanos europeos. El problema no eran los americanos ni los chinos, sino las carencias estructurales europeas. En el ámbito local, la política de vivienda sigue un patrón similar. El diagnóstico es claro: Cataluña ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico y una mayor atracción de talento, en un contexto de PIB per cápita estancado y poder adquisitivo plano desde 2008. El acceso a la vivienda se complica, y la presión sobre el mercado de alquiler —pequeño y poco rentable— aumenta. La administración, una de las más burocratizadas de Europa, apenas ha impulsado vivienda pública más allá de los titulares. La solución es evidente: facilitar la construcción de los tres millones de viviendas que España necesita, especialmente en Madrid, Barcelona y otras áreas metropolitanas. Sin embargo, los incentivos, la disponibilidad de suelo y la burocracia actual lo dificultan. Las políticas propuestas repiten errores: criminalización del sector inmobiliario, etiquetando a todos como especuladores, incluso a fondos éticos como el noruego. La especulación, en realidad, refleja un mercado ineficiente y una falta de oferta. Si la regulación es inadecuada y no se construye suficiente vivienda, la especulación persiste y los topes de precios desincentivan la inversión. Los límites al alquiler, aunque protegen a los actuales inquilinos, reducen la oferta y expulsan a propietarios e inversores. La regulación del alquiler temporal y de habitaciones también desincentiva la oferta, empujando a los pequeños propietarios a vender o recurrir al mercado negro. ¿Puede la administración compensar esta salida con vivienda pública? La experiencia internacional indica que no, especialmente en países con alta burocracia y escasa tradición de vivienda pública real. La clave está en construir más, incluyendo vivienda social y de calidad. Los mercados bien regulados facilitan la movilidad y el ajuste de precios al poder adquisitivo. Políticas de abundancia, como en Japón o China, han resuelto el problema sin grandes recursos estatales, simplemente alineando incentivos y regulando adecuadamente. La innovación también es parte de la solución: co-living, flex-living, nuevas técnicas constructivas y movilidad inteligente pueden adaptarse a las necesidades actuales. Países como los Países Bajos apuestan por nuevas ciudades para responder al crecimiento demográfico. Por último, la política social debe preguntarse qué clase media queremos: una arraigada al territorio y con activos reales, o una volátil y desvinculada, con ahorros en activos financieros globales. La clase media es una institución social clave para la estabilidad y la democracia. Las políticas públicas configuran activamente su perfil y, con ello, el futuro del país. Las políticas que fomentan la oferta, como en la industria automovilística china, generan competencia, precios bajos y beneficios para los ciudadanos. Son las verdaderamente progresistas, porque mejoran la vida de la gente. El gran problema de muchos gobiernos europeos es que sus políticas, guiadas por la ideología y la hostilidad, no resuelven los problemas reales de los ciudadanos ni aprovechan el conocimiento sobre cómo diseñar mercados y políticas eficaces. Fuente: elnacional.cat