El debate sobre la inteligencia artificial (IA) suele centrarse en sus efectos sociales, culturales y educativos, pero existe una cuestión urgente que merece atención: el impacto geopolítico y ambiental que la expansión de la IA genera en países del sur global, como Argentina, donde abundan los recursos naturales y vastos territorios. Más allá de la llamada “burbuja de la IA”, crecen las preocupaciones por el consumo energético de estos sistemas. Según Goldman Sachs, las cinco grandes tecnológicas invertirán 736 millones de dólares entre 2025 y 2026, y la Agencia Internacional de Energía estima que para 2030 consumirán cerca del 20% de la demanda energética mundial. El anuncio de un posible data center de OpenAI en la Patagonia el año pasado encendió alarmas sobre la pérdida de soberanía digital y los costos ambientales asociados. Esta inversión se enmarca en el controvertido Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno argentino, que limita la capacidad estatal para exigir estándares ambientales, fiscales y de producción local. Críticos advierten que esto podría facilitar la entrega de recursos nacionales a intereses extranjeros. En paralelo, el Congreso debate una reforma a la Ley de Glaciares que podría permitir actividades hoy prohibidas, como la minería y grandes obras en zonas protegidas, lo que supondría un grave retroceso ambiental. Yas García, directora de IA y datos en la Fundación Conocimiento Abierto y Jump Educación, señala la opacidad de las negociaciones público-privadas: “Suelen ser poco transparentes, mezclando uso de suelo, contratos energéticos y beneficios fiscales bajo confidencialidad comercial”. Sobre el proyecto Stargate Argentina, impulsado por Sur Energy y OpenAI, advierte que la generación de empleo será limitada y principalmente en la etapa de construcción. “La incógnita es qué estipulan realmente los acuerdos: ¿tierra, energía, quién financia las obras?”, cuestiona. En un contexto donde las grandes tecnológicas cierran acuerdos circulares —OpenAI paga a Oracle por capacidad informática, Oracle a Nvidia por chips, y Nvidia invierte en OpenAI—, la construcción de data centers en lugares remotos ya no resulta extraña. Milagros Miceli, socióloga y doctora en ingeniería informática en DAIR Institute y Weizenbaum-Institut, destaca que los data centers son clave para atraer inversores, al ofrecer una infraestructura tangible que respalda la promesa de la IA. Sin embargo, advierte que la industria prioriza el crecimiento y el consumo masivo de datos, en lugar de modelos más sostenibles y eficientes. En Argentina, la tendencia a la desregulación favorece la falta de controles y transparencia. El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, ha declarado que su objetivo es evitar cualquier regulación sobre IA, lo que plantea dudas sobre la protección de intereses nacionales. Más allá de los riesgos ambientales, existe el peligro de que Argentina se convierta en un simple “depósito” de data centers, perdiendo autonomía y valor en la cadena global de la IA. Desde el Nodo Argentino de Inteligencia Artificial (Nadia) se advierte sobre la importancia de negociar condiciones que garanticen control, transparencia y beneficios locales. La pregunta clave es: ¿qué gana Argentina con estas inversiones? La soberanía digital no implica rechazar inversiones, sino establecer reglas claras que aseguren retornos y protección de derechos. García sugiere que empresas nacionales como YPF y Arsat podrían liderar una estrategia de soberanía, pero enfatiza que se requiere una política de Estado. “Necesitamos infraestructura pública, un sistema energético renovable y flexible, y capacidades en universidades, ciencia y sector productivo para capturar valor”, concluye García. “Si solo recibimos máquinas sin desarrollar capacidades propias, seremos territorio de cómputo, no productores de tecnología”. Fuente: elpais.com