La semana pasada, el periodista Serafí del Arco rescató en su columna semanal “Contraoferta” de eldiario.es un informe que había pasado casi desapercibido en medio del ruido mediático. Se trata de “Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First”, publicado por OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. En sus trece páginas, una de las compañías más influyentes en el avance de la Inteligencia Artificial (IA) propone un nuevo pacto social: redistribuir la riqueza generada por la automatización, gravar el capital automatizado y establecer semanas laborales de 32 horas sin reducción salarial. En anteriores revoluciones industriales, se necesitaron décadas para crear mecanismos que equilibraran la relación entre capital y trabajo: sindicatos, negociación colectiva, derecho a huelga y otros derechos laborales. El hecho de que una empresa clave en esta transformación reconozca la necesidad de intervención política es significativo. Sin embargo, más allá de la sorpresa, lo relevante no es solo lo que el informe admite, sino lo que deja sin resolver: ¿quién será el encargado de negociar estos cambios? El documento tiene un valor indiscutible: pone sobre la mesa cuestiones que muchos prefieren sugerir antes que afirmar. El mercado, por sí solo, no gestionará la transición tecnológica. La IA no es una herramienta más, sino un cambio de escala histórica que, sin reglas públicas e instituciones sólidas, concentrará los beneficios en unos pocos y trasladará los costes a la mayoría. El propio informe advierte del riesgo de que la riqueza se concentre en un pequeño grupo de empresas, lo que resulta paradójico viniendo de una organización que nació con fines no lucrativos y hoy es un actor central del capitalismo tecnológico. El debate de fondo, sin embargo, no está en las intenciones de OpenAI, sino en el impacto sobre el mundo laboral. El informe menciona los “dividendos de eficiencia”: si la automatización permite producir lo mismo en menos tiempo humano, ese tiempo liberado debería traducirse en más calidad de vida para los trabajadores, no solo en mayores márgenes empresariales. Menos horas de trabajo, más descanso y mejor conciliación: el reparto del progreso. La propuesta es sensata. Bien gestionada, la IA puede reducir tareas repetitivas, mejorar servicios públicos, potenciar capacidades profesionales y aumentar la productividad. Pero la misma tecnología puede emplearse para intensificar ritmos, aumentar el control, reducir la autonomía y hacer más opaca la relación entre esfuerzo y recompensa. El ideal de abundancia puede degenerar en una nueva versión del taylorismo, ahora gestionado por algoritmos. Esto no es un escenario hipotético: ya ocurre en almacenes donde cada movimiento se monitoriza digitalmente, en centros de atención al cliente donde se mide cada segundo, o en plataformas donde algoritmos deciden contrataciones, horarios y salarios. La IA no llega a un terreno neutral, sino a relaciones laborales ya marcadas por desigualdades. Aquí es donde los sindicatos enfrentan un reto histórico. La negociación colectiva surgió para corregir la asimetría entre quienes organizan el trabajo y quienes lo realizan. En revoluciones industriales previas, se tardó décadas en construir herramientas para equilibrar esa relación. Ahora, la velocidad del cambio tecnológico es mucho mayor y sus efectos sobre empleo y condiciones laborales ya son palpables. Por eso, la respuesta no puede limitarse a resistir. Es necesario impedir despidos encubiertos bajo la excusa de la innovación, evitar que la automatización precarice el trabajo y exigir transparencia en los sistemas algorítmicos que evalúan y gestionan personas. Pero esto no es suficiente. El verdadero desafío es participar en el diseño del cambio, no solo gestionar sus consecuencias. Hay una diferencia fundamental entre negociar los efectos y participar en las decisiones. Lo primero mitiga daños; lo segundo distribuye poder. Esto debería estar en el centro de los próximos convenios colectivos: derechos de información y consulta, auditorías independientes, trazabilidad de decisiones automatizadas, supervisión humana efectiva y capacidad de veto ante vulneraciones de derechos laborales. Existe, además, una dimensión estructural: si la IA reduce el empleo directo o desplaza salarios hacia el capital, también erosiona la base contributiva que sostiene el Estado social: pensiones, desempleo, sanidad pública. No basta con pedir que “coticen las máquinas”; es necesario repensar cómo se financia la protección social cuando el valor añadido se concentra en beneficios, propiedad intelectual y capital automatizado. La IA ya está presente en los centros de trabajo. La cuestión no es si entrará, sino en qué condiciones lo hará y si, cuando eso ocurra, los trabajadores y sus sindicatos tendrán la fuerza y representación necesarias para asegurar una transición justa. Fuente: nuevatribuna.es