Un reciente informe arroja luz sobre la brecha creciente en la adopción de Inteligencia Artificial (IA) dentro del sector legal español, donde los grandes despachos avanzan a gran velocidad mientras las firmas boutique y la Administración Pública luchan por no quedarse atrás. La consultora Foqum Analytics, a través de su estudio Legal AI View 2026, confirma que la IA ya es una herramienta tangible en el ámbito jurídico, aunque su implantación varía notablemente según el tamaño y los recursos de cada organización. La capacidad de inversión, la calidad de los datos y la presión por mejorar la eficiencia marcan la diferencia. Las editoriales jurídicas lideran la transformación digital, alcanzando una madurez de 7 sobre 10 gracias a su acceso a datos estructurados y la integración de tecnologías como la búsqueda semántica y el análisis automatizado de jurisprudencia. Les siguen los departamentos jurídicos de grandes empresas y los despachos de mayor tamaño, con una puntuación de 4, impulsados por la necesidad de optimizar procesos como la revisión de contratos y la automatización de tareas repetitivas. En contraste, las firmas boutique apenas superan el nivel inicial de adopción, y la Administración Pública se queda en un punto, frenada por la complejidad de sus sistemas y las estrictas exigencias en protección de datos. Actualmente, la IA se utiliza principalmente para la gestión documental, la extracción de cláusulas, la detección de riesgos en due diligence, la transcripción de audios judiciales y la anonimización de datos sensibles. Los asistentes virtuales, aunque muy visibles en los medios, aún se limitan a tareas básicas de triaje de consultas. El informe destaca que las principales barreras no son tecnológicas, sino culturales y estructurales. El sector legal, tradicionalmente conservador, muestra reticencias al cambio, mientras que la inversión en IA sigue siendo limitada, representando solo entre el 2% y el 5% del presupuesto tecnológico de los despachos. A esto se suman preocupaciones sobre la seguridad de los datos, la regulación y la falta de formación especializada. De cara a 2026, el reto será aprovechar el conocimiento acumulado en los servidores de los despachos, transformando décadas de experiencia y jurisprudencia en activos estratégicos que permitan anticipar riesgos y mejorar la toma de decisiones. La IA no sustituirá al abogado, pero sí redefine su papel, liberándolo de tareas rutinarias y potenciando su capacidad de análisis y estrategia. Las nuevas competencias tecnológicas se perfilan como esenciales para el profesional jurídico del futuro. Fuente: elconfidencialdigital.com