La Inteligencia Artificial (IA) avanza a un ritmo vertiginoso, integrándose en la vida cotidiana y el entorno laboral. Desde asistentes como ChatGPT o Alexa hasta funciones de autocorrección en aplicaciones como WhatsApp, la IA ya es parte esencial de fábricas, oficinas y despachos. En el ámbito laboral, los algoritmos influyen en procesos de selección, evaluación de desempeño mediante controles biométricos, asignación de tareas, promociones e incluso en la automatización de despidos. Durante la jornada “Inteligencia artificial y el futuro en el trabajo”, celebrada en el Congreso, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó la importancia de regular el uso de la IA para proteger el empleo, reducir la jornada laboral y aumentar la productividad. Díaz insistió en que los algoritmos no son neutrales y deben estar al servicio de la mayoría social. Entre sus propuestas destacan la extensión de la ley rider a otros sectores, la creación de una agencia pública de auditoría algorítmica y el reconocimiento del derecho de los trabajadores a no entrenar sistemas de IA con sus datos. Además, propuso un indicador europeo de riesgo de automatización, medidas fiscales para gravar la sustitución de empleados por IA y triplicar la inversión en transformación digital, apostando por una IA europea, pública y auditable. José Varela, responsable de IA y Digitalización de UGT, recordó que ya existen mecanismos legales, como el Estatuto de los Trabajadores y el Reglamento Europeo de IA, que obligan a las empresas a informar sobre el uso de algoritmos. Sin embargo, la falta de cumplimiento convierte estas normativas en “papel mojado”. Las sanciones actuales, de unos 2.500 euros por incumplimiento, resultan insuficientes para disuadir a las empresas, que a menudo prefieren no ser transparentes. Además, Varela critica la falta de auditorías efectivas y advierte sobre los sesgos presentes en sistemas de IA de proveedores externos, que pueden discriminar por género, raza, edad o situación familiar. Borja Adsuara, abogado y experto en derecho digital, señala la existencia de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), aunque su actividad es aún limitada. Esther Paniagua, analista tecnológica, aboga por auditorías independientes realizadas por entidades especializadas, no necesariamente gubernamentales. El primer cuatrimestre de 2026 ha estado marcado por despidos masivos en multinacionales tecnológicas, bancarias y consultoras. Según Layoffs.fyi, más de 93.000 trabajadores han perdido su empleo por recortes relacionados con la IA, destacando casos como Oracle, Amazon, Microsoft y Meta. Varela identifica cuatro tipos de justificaciones para estos despidos: sustitución directa por IA, previsión de automatización futura, cambios sectoriales y motivos encubiertos. En España, la facilidad y bajo coste del despido es una preocupación central para los sindicatos, que reclaman mayores indemnizaciones y la recuperación de derechos laborales. Paniagua sostiene que la IA no es la responsable directa de la destrucción de empleo, sino las decisiones de directivos y diseñadores de plataformas. Además, la IA suele usarse como pretexto para justificar recortes motivados por razones económicas. Adsuara plantea la necesidad de tasas para las empresas que sustituyan trabajadores por IA y destaca la importancia de la formación en competencias digitales y de IA, así como la reorientación laboral hacia sectores donde la presencia humana es imprescindible, como los cuidados y la atención ciudadana. Varela añade la reducción de la jornada laboral como alternativa a los despidos. Respecto a una IA europea, Paniagua considera inviable competir con los grandes modelos comerciales, pero apuesta por invertir en sistemas de código abierto, éticos y seguros. Adsuara enfatiza la necesidad de regular los modelos externos a la UE y exige que las empresas que operen en Europa cumplan con las normativas locales en materia comercial, fiscal, laboral y medioambiental. Fuente: publico.es