La nueva normativa, recientemente aprobada por el Parlamento andaluz con el respaldo mayoritario del PP-A, destaca por su enfoque práctico y su objetivo de dinamizar y modernizar los espacios productivos de Andalucía. Entre sus principales medidas, introduce incentivos, proyectos tractores para la industria, planes directores, oficinas locales de Espacios Productivos y otros programas específicos destinados a atraer inversiones y fomentar la actividad empresarial. Esta ley beneficiará a 2.379 espacios productivos distribuidos en más de 540 municipios andaluces, donde operan 46.500 empresas y cerca de 10.000 autónomos. Estos enclaves sostienen el 22% del empleo regional y representan el 16% del tejido productivo andaluz. Además, los polígonos industriales de Andalucía constituyen casi el 40% del total nacional. Una de las principales novedades es la creación de la figura del Espacio Industrial Protegido, que reconoce y protege áreas de alto valor industrial y gran impacto económico y social. Este distintivo permitirá a los espacios beneficiarse de una tramitación administrativa preferente para la implantación de nuevas actividades industriales, así como de ventajas como la agilización de permisos, prioridad en la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía (UAP) y acceso a incentivos específicos. La ley busca dar una respuesta integral a los retos del tejido empresarial, garantizando seguridad jurídica y facilitando el desarrollo de nuevos proyectos. Para abordar la limitación eléctrica que afecta al crecimiento de los polígonos, se prevé la elaboración de un inventario de la capacidad eléctrica disponible, la simplificación de trámites para nuevas instalaciones energéticas y la reserva de terrenos para usos industriales y energéticos, junto a planes para fomentar la electrificación y el autoconsumo industrial. En cuanto a la clasificación, la ley establece tres niveles para los espacios productivos —básico, avanzado y avanzado-excelente— según sus infraestructuras y servicios. Además, introduce nuevas etiquetas para los polígonos: 'fabril', según su especialización industrial, y 'inteligente', 'sostenible' o 'Eco-green', en función de su adaptación a la transición ecológica y digital. El objetivo es que cada polígono conozca su situación y pueda potenciar sus fortalezas. El proceso de elaboración de la ley ha contado con una amplia participación, recibiendo 437 aportaciones de 22 entidades y organismos, de las cuales cerca del 80% han sido incorporadas al texto definitivo.