La historia parece condenada a repetirse: tras más de veinte años de colonización digital, seguimos sin aprender a proteger nuestro ecosistema informativo y la democracia frente al avance de la inteligencia artificial y el poder de las grandes tecnológicas. Hemos fracasado en anticipar la nueva ola de apropiación de datos y contenidos, y ahora sufrimos las consecuencias: un oligopolio cognitivo que erosiona la convivencia y el entendimiento social. Primero fue Google, luego Meta, y ahora los gigantes de la IA generativa, que extraen y explotan todo el contenido disponible en internet, marginando a sus creadores y erigiéndose en guardianes de un conocimiento que no les pertenece. Para colmo, muchas veces lo reproducen de forma incorrecta. A pesar de ello, para una gran parte de la población, lo que dice la IA es suficiente. La mayoría ni siquiera verifica la información en los enlaces originales. Un estudio de TollBit revela que los chatbots generan un 96% menos de tráfico hacia webs y blogs informativos que las búsquedas tradicionales. Paradójicamente, aunque nunca tuvimos tanto acceso a información, acabamos dependiendo de una sola fuente. Los chatbots y los resultados de IA se han convertido en una nueva prisión informativa, desplazando a los actores tradicionales del ecosistema justo cuando más se les necesita. Así, nos vemos atrapados en burbujas de desinformación, bulos y propaganda. Las grandes tecnológicas y las empresas de IA generativa absorben cada vez más ingresos publicitarios, debilitando los pilares que sostienen a los medios: la creación de valor informativo y su financiación. Los periodistas, corresponsales y equipos de verificación terminan trabajando, en la práctica, para alimentar a las máquinas. Las plataformas obtienen beneficios mientras los medios se deterioran, arrastrando consigo el bien público que representan. Sin prensa libre ni flujo abierto de información, desaparecen la verificación, los contrapesos y la pluralidad, y la ciudadanía queda desinformada. La democracia no puede delegar su sistema de verdad en empresas cuyo negocio es la atención, no la veracidad, y que deciden qué vemos sin transparencia ni rendición de cuentas. La crisis del periodismo y el deterioro del debate público son consecuencia directa de la concentración de poder digital y de la asimetría entre quienes generan conocimiento y quienes lo explotan sin límites. Es urgente revertir esta situación. Europa dispone de herramientas legales, desde la competencia hasta la regulación de mercados digitales, la IA y la propiedad intelectual. La Comisión Europea multó en septiembre a Google con 2.950 millones de euros por abuso de posición dominante en publicidad digital y ahora investiga el uso no autorizado de contenidos de medios para entrenar su IA Gemini y en sus resultados de búsqueda. Meta también está bajo investigación por posible conducta anticompetitiva con la IA en WhatsApp. En España, la empresa deberá indemnizar con 479 millones de euros a 87 editoras y agencias por competencia desleal. X, por su parte, ha sido sancionada con 120 millones de euros en la UE por falta de transparencia publicitaria y el diseño engañoso de su verificación azul. Estos pasos son necesarios, pero insuficientes. Solo en Estados Unidos, se estima que Google y Meta deberían pagar a los medios unos 12.000 millones de dólares anuales, considerando una distribución justa del 50% de los ingresos relacionados con noticias. Y esto antes de la integración de la IA generativa en buscadores y otros productos. Las investigaciones deben ampliarse a las empresas de IA generativa, no solo por el uso masivo de contenido protegido, sino por su impacto económico y estructural en el ecosistema informativo. Aunque se han logrado avances en derechos de autor, no podemos depender únicamente de litigios interminables ni de tribunales que a menudo carecen de conocimientos técnicos sobre IA. El marco legal actual tampoco cubre adecuadamente su funcionamiento. Se requiere una acción política y social decidida: exigir transparencia algorítmica, garantizar compensaciones y exclusión del uso de contenidos, aplicar coordinadamente las leyes existentes, reforzar la protección de los autores, devolver a las personas el control sobre su información y blindar el papel de los medios como instituciones democráticas esenciales. La verdad no puede quedar en manos de Google y sus aliados, aunque hoy dependa de ellos. De ello depende nuestra capacidad colectiva para comprender, debatir y avanzar como sociedad. Las grandes tecnológicas no pueden quedar impunes cuando afectan al interés público. No está en juego solo un sector económico, sino las bases mismas de la democracia. Si no actuamos ahora, mañana podría ser demasiado tarde. Fuente: elpais.com